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Columna de Mahia Saracostti
Directora Cátedra Unesco Bienestar de la Niñez, Adolescencia, Educación y Sociedad
Profesora Trabajo Social, Universidad de Valparaíso

Chile hasta hoy no cuenta con una Ley de Garantías y Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia. Somos el único país de América Latina que no cuenta con una ley o un código de protección integral para la niñez.

Esto significa que no tenemos un catálogo explícito de derechos de la niñez y adolescencia y estándares de exigibilidad o de cumplimiento por parte del Estado o para las demás instituciones de la sociedad.

La mirada respecto de la niñez sólo se hace relevante para las políticas públicas y la ciudadanía cuando sufren vulneraciones o cuando sus derechos son vulnerados. Sin embargo, Chile requiere urgentemente un cambio estructural a través de un enfoque preventivo, promocional y universal de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, poniéndoles en el centro junto a sus familias.

Este cambio de enfoque implica que niños, niñas y adolescentes sean considerados como sujetos titulares de derechos, en todos los segmentos sociales, en todas las edades y en todos los territorios. El Estado actuaría como el garante principal del pleno respeto a sus derechos, reconociendo la diversidad de las infancias y adolescencias, además de las formas también diversas de constituir familias y sus necesidades.

Para esto, se requiere instalar una concepción de responsabilidad del Estado en sus diferentes niveles de organización territorial, respecto de las condiciones que permiten la plena protección de derechos de niños niñas y adolescentes, como por ejemplo la existencia de servicios de salud y educación de calidad en todos los territorios, infraestructura deportiva y recreativa para todos los segmentos de la población infantil, espacios seguros para cultivar actividades artísticas y culturales, sistemas de apoyo para el cuidado de niños, niñas y adolescentes fuera del horario escolar, entre otros. El avance gradual y progresivo en estos derechos es lo que se busca consagrar en esta ley de garantías.

Desde el mundo de las universidades también nos sumamos al llamado de la Defensoría de la Niñez, Unicef y la sociedad civil. Pedimos encarecidamente que el Gobierno y el Parlamento pongan todos sus esfuerzos en el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Y, por tanto, que se tramite con máxima celeridad esta ley de garantías, previo al receso de vacaciones.

Los niños y niñas de Chile no pueden seguir esperando un nuevo período parlamentario y de gobierno para que esta ley de garantías sea promulgada. Ahora es cuando.