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Más de un centenar de profesionales, académicos y estudiantes de Argentina, Colombia, Guatemala, México, Paraguay, Puerto Rico y Chile siguieron en línea y a distancia el conversatorio internacional “Repensando el trabajo social desde la perspectiva socio-jurídica en la intervención con jóvenes infractores de ley en tiempos de pandemia”, que organizó la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso.

El encuentro consideró la participación de los especialistas argentinos Osvaldo Agustín Marcón, doctor en Ciencias Sociales, magíster en Salud Mental y perito del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe; Andrés Ponce de León, docente e investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, y Claudia Krmpotic, académica de la Universidad de Buenos Aires, doctora en Servicio Social e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (Conicet) de Argentina.

Los expositores fueron presentados por la académica de la Escuela de Trabajo Social de la UV, Sara Salum, quien también dio cuenta del contexto y de las necesidades que a nivel nacional y continental han surgido en este ámbito, durante la emergencia sanitaria decretada en todos estos países para hacer frente al Covid-19.

Al respecto, la profesora Salum sostuvo que quienes ejercen hoy esta disciplina se enfrentan inexorablemente al desafío de asegurar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en un contexto complejo y que a la luz de las circunstancias se ha vuelto cada vez más restringido.

“Los jóvenes infractores de ley presentan un alta heterogeneidad. Exhiben trayectorias vitales accidentadas y una construcción de la identidad delictiva temprana. El 50% de ellos delinque antes de los 24 meses de cumplida su condena y la mita será parte de la población penal adulta, con mal pronóstico, ya que suelen tener una muerte violenta a temprana edad. Estos datos revelan que algo no funciona. Por eso es necesario repensar el trabajo y la intervención”, explicó la académica y doctora en Estudios Americanos, mención Pensamiento y Cultura.

Desafíos del sistema

El primero en hacer uso de la palabra fue Osvaldo Agustín Marcón, quien hizo un breve análisis del sistema imperante a nivel internacional, en virtud de los pactos, leyes, reglas, convenios y directrices vigentes. Asimismo, se refirió a la tensión existente entre sistemas judiciales y los sistemas de penalización juvenil en base a la visión que existe respecto de cómo intervenir y lo que se ha estado haciendo en ese sentido.

Marcón destinó parte importante de su presentación a analizar también la realidad argentina en esta materia, en lo concerniente a las lógicas subyacentes, modos y medidas de intervención en base a derechos que están en juego, rol de las comunidades, responsabilidad y corresponsabilidad de los actores involucrados.

Luego fue el turno de Andrés Ponce de León, quien dio cuenta de la realidad que exhibe la provincia de Neuquén en lo referido a la ley de protección integral de niñas, niños y adolescentes, la cuestión civil y penal y la construcción colectiva.

Tras abordar la situación local, el especialista de la Universidad del Comahue se refirió al impacto de la pandemia en la labor de los trabajadores sociales. En esa línea, sostuvo que entre sus colegas se ha profundizado la idea de apoyar las intervenciones con medios tecnológicos que favorezcan la comunicación a distancia.

“Desde el ámbito penal juvenil ha habido un avance al utilizar cualquier medio que permita estar en contacto, en particular en casos donde ya exista un vínculo con los jóvenes, No es lo mismo que hacerlo en modalidad presencial, pero en este tipo de población hay un mejor grado de contacto”, precisó Ponce de León.

Las exposiciones concluyeron con la intervención de Claudia Krmpotic, académica e investigadora que expuso algunas ideas y reflexiones acerca de la justicia penal juvenil y el trabajo social forense o socio jurídico desde el punto de vista de la participación y la escucha.

Sobre estos puntos, planteó la necesidad de seguir trabajando en la idea de adecuar los servicios y mejorar las habilidades de la comunicación. Además, advirtió que a raíz del contexto de la emergencia sanitaria, en la Argentina -y en otros países del continente- ha habido una parálisis en las tareas de las oficinas judiciales que ha derivado en que muchos centro socioeducativos y residencias decidieran enviar de vuelta a los jóvenes infractores a sus hogares, situación que -enfatizó- no siempre resulta ser la mejor.

“Pero, por el momento, la tarea profesional ha debido readecuarse y utilizar otras herramientas para asegurar un mínimo de intervención, apoyo y seguimiento a quienes transitan en estos procesos judiciales”, concluyó Claudia Krmpotic.

El conversatorio organizado por la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso finalizó con una ronda de preguntas a los especialistas de parte de los participantes que siguieron las presentaciones a distancia.