Estructura jurídica marcadamente masculina impide que mujeres víctimas de violencia accedan efectivamente a la justicia

 

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 A pesar de los avances que se han experimentado en Chile en las últimas décadas para reducir la discriminación en contra de las mujeres, en especial de aquellas víctimas de distintos tipos de violencia, aún permanecen obstáculos que impiden lograr un efectivo acceso de ellas a la justicia y a un debido proceso justo, rápido y eficiente.

 

 Esta fue una de las coincidencias de las profesoras de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso que participaron en la Primera Jornada de Acceso a la Justicia de Mujeres Víctimas de Violencia, realizada en el Aula Luis Vicuña Suárez de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

La actividad fue organizada por el departamento Sociojurídico de la Escuela de Trabajo Social, que preside la académica Sara Salum Alvarado, y contó con la asistencia de profesores, profesionales y estudiantes de la carrera.

Durante la jornada, la profesora Sara Salum expuso el tema “Acceso a la justicia y violencia contra la mujer en el Chile actual”, mientras que la profesora Cecilia Porto detalló los alcances de la Ley 20.066 de Violencia Intrafamiliar. Además, expuso la académica Elena Salum, sobre “Políticas públicas de acceso a la justicia” y finalmente la profesora María Antonieta Urquieta desarrolló el tema “Género y violencia contra la mujer”. 

Esta última, detalló las razones que explicarían, a su juicio, por qué no se ha logrado total igualdad y equidad en el trato hacia las mujeres víctimas de violencia en el sistema jurídico chileno.

 

Las primeras barreras las denominó estructurales y tienen que ver con la conformación mayoritariamente masculina de las institucionalidades asociadas a la justicia (Poderes Judicial y Legislativo) y los marcos normativos androcéntricos (pensados y creados por hombres y bajo su particular punto de vista).

 

Las segundas son las brechas sociales, las que según explicó la profesora Urquieta, son aquellas que impiden el acceso igualitario al trabajo; las que mantienen la desigualdad de los ingresos reales de hombres y mujeres y las que apuntan a las diferencias en el acceso a estructuras de oportunidades. Esto incide concretamente, por ejemplo, en la dificultad de las mujeres víctimas de violencia en poder costear un abogado particular que las defienda en un proceso judicial.

 

 Y finalmente, mencionó las brechas simbólicas, que señaló, son muy importantes y tal vez las que más cuesta erradicar culturalmente. Estás apuntan al desconocimiento del enfoque de género (EG); a la simplificación reduccionista y caricaturización del EG y a la naturalización de estructuras sexistas (es decir, se consideran “normales” y no se cuestionan en la cotidianeidad). 

En este sentido, la profesora María Antonieta Urquieta explicó que “por ejemplo, es común escuchar en nuestra sociedad que el Enfoque de Género es lo mismo que ser feminista, lo que es un error absoluto, o que la gente lo use como sinónimo de una mujer resentida o bulliciosa, lo que refleja un reduccionismo y una caricaturización lamentable de lo que es en realidad una categoría analítica que nos ha permitido reconocer que lo femenino y lo masculino es una construcción cultural y por lo mismo, perfeccionable y modificable”.

 

Por su parte, la profesora Sara Salum se detuvo a reflexionar sobre el derecho y acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia. Aseveró que en Chile estamos al debe en esta situación, ya que si bien existe el acceso formal y estructural a las redes públicas de asistencia judicial, no se constata en la realidad un acceso apropiado, rápido, eficiente y oportuno, que es lo deseable. 

“Me refiero al acceso oportuno a la justicia, en un sentido amplio, es decir no sólo la existencia de tribunales de Justicia, sino que al acceso a un debido proceso, a hacer uso de las garantías constitucionales y a contar con la debida protección”, comentó la profesora, añadiendo que se requiere además que los recursos judiciales serán idóneos para la investigación, la sanción y la reparación de las violencias denunciadas. 

En tanto, la profesora Elena Salum coincidió en que “la legislación per sé no es un instrumento unívoco ni  suficiente para combatir la violencia contra la mujer.  Si bien el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia se encuentra asegurado en el ámbito táctico-operativo, las políticas públicas requieren una mayor profundización y coordinación intersectorial para lograr resultados sustanciales en la mitigación de este fenómeno”.

Además, entre sus conclusiones manifestó que en Chile actualmente “se aprecia una débil coordinación originada por la carencia de un modelo de intervención integral intersectorial que otorgue una respuesta estatal asertiva y planificada a este fenómeno multicausal: social, cultural, criminológico y legal”, añadiendo que esta coordinación intersectorial “es la estrategia clave para potenciar los logros alcanzados a la fecha por nuestro país”.

 

 

 

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